La Clave
Los Monos de la Clave
 
Director: Jose Luis Balbin
 
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27-02-2012
LOS IMPUTADOS

Se están produciendo con demasiada frecuencia situaciones como la vivida recientemente por Francisco Camps y ante ellas los dirigentes de los partidos no saben qué hacer porque, partiendo del supuesto de que un político sea imputado, pueden darse dos situaciones contradictorias, que la acusación prospere y resulte condenado, o contrariamente que sea absuelto de todos los cargos, siempre sin olvidar la obligación de respetar, durante el proceso, la presunción de inocencia.

Cualquier imputado debe ser tratado igual que otro, no más duramente ni tampoco menos, de donde se deduce que las medidas que se adopten respecto a uno deberían tomarse en todos los demás casos, siempre salvando desde luego las opciones que libremente pueda elegir el interesado, como por ejemplo dimitir.

Si se le impone alguna sanción, se corre el gravísimo riesgo de que sea una injusticia irreparable, en el caso de que finalmente el imputado resulte absuelto.  Pero no hacer nada y mantenerlo en el ejercicio de su cargo, como si hubiera actuado correctamente, daña mucho la imagen de la institución y del partido, porque no se puede olvidar que estar imputado significa que la autoridad judicial competente ha encontrado indicios claros de haber cometido algún delito.

Así las cosas, para evitar perjuicios irreparables, lo menos malo sería una ley consensuada entre los distintos partidos según la cual, automáticamente, cuando un cargo público resulte imputado, transcurrido un plazo prudencial, de modo parecido a lo que se plantea en los casos de incapacidad transitoria por motivos de salud, quede suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta que se dicte sentencia firme, momento en el que, si fuese absolutoria, recuperaría inmediatamente todos sus poderes, volviendo a ocupar el cargo que tenía, como ocurre con los magistrados que se dedican un tiempo a la política que, cuando cesan, recuperan su puesto, incluso sin pérdida de antigüedad, según muy reciente sentencia.  Si el imputado fuese condenado habría que estar al fallo correspondiente.  Mientras durase la suspensión, ejercería provisionalmente su cargo el siguiente en el orden jerárquico, si se trata de un presidente autonómico, el vicepresidente o quien decida la asamblea, si es un ministro, el secretario de estado o quien decida el presidente, etc.  Pero en ningún caso continuaría años el sospechoso ostentando el poder como si no hubiera hecho nada reprobable.

Otra solución, aún mejor pero más delicada, sería que el mismo juez  que le imputa, máximo conocedor de los hechos y sus detalles, en atención a la mayor  o menor gravedad de los indicios apreciados o de la posible alarma social, fuese quien decidiese también si se le debía suspender, a modo de medida cautelar, o por el contrario permitir que continuase ejerciendo el cargo.

autor: ALONSO QUIJANO

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